El 29 de abril de 2026 se presentó una acusación formal en una corte de Nueva York contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otras nueve personas que actualmente ocupan o ocuparon cargos gubernamentales y de seguridad en esa entidad, por presuntos delitos de narcotráfico y relacionados con armas.
El documento judicial alega que los imputados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para proteger operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, facilitando impunidad, información sensible y protección a líderes y cargamentos.
Entre las señalamientos aparece la afirmación de que Rocha Moya participó en reuniones con integrantes del grupo criminal y prometió protección para sus actividades desde su entrada al cargo en noviembre de 2021.
La acusación incluye cargos vinculados con la distribución de grandes cantidades de narcóticos y delitos relacionados con armas, y afecta a funcionarios de alto rango en áreas como seguridad pública, fiscalía y administración local.
El anuncio del caso provocó reacciones inmediatas en México: autoridades federales y estatales han manifestado su postura y el debate político se intensificó, con llamados de la oposición para medidas extraordinarias en el estado y defensas públicas por parte de diversos actores políticos.
Rocha Moya negó las imputaciones y calificó los señalamientos como carentes de veracidad. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó sorpresa por la forma en que se hizo pública la acusación, al considerar que hubo una violación de mecanismos de cooperación y confidencialidad entre gobiernos.
El caso se sumará a las posibles solicitudes de cooperación internacional y, de confirmarse las acusaciones en proceso judicial, tendrá efectos políticos y diplomáticos relevantes en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos.
