El 29 de abril de 2026 fiscales federales de Estados Unidos presentaron y publicaron una acusación en la corte federal del Distrito Sur de Nueva York que imputa a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y a nueve funcionarios y exfuncionarios de ese estado por delitos vinculados al tráfico de narcóticos y armas.
Según el escrito, los acusados habrían conspirado con la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos” para facilitar la importación masiva de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos. La acusación, que incluye cargos de conspiración para importar narcóticos y delitos relacionados con armas, sostiene además que la referida facción ayudó a Rocha Moya a ganar la gubernatura en 2021 mediante el secuestro e intimidación de adversarios políticos.
Entre los señalados en la acusación figuran, además del gobernador, el senador Enrique Inzunza Cázarez; el exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; y mandos de seguridad estatal y municipal identificados en el expediente. Uno de los imputados enfrenta cargos adicionales relacionados con un secuestro que terminó en muerte, según el documento judicial.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, a cargo del caso, detalla que los acusados habrían protegido a miembros del Cártel frente a investigaciones y operaciones policiales, proporcionado información sensible y permitido el tránsito y almacenamiento de cargamentos destinados a Estados Unidos a cambio de sobornos.
Desde la publicación de la acusación, autoridades y medios han reportado reacciones políticas en México y llamados a medidas como la comparecencia de funcionarios. El propio gobernador Rubén Rocha Moya rechazó categóricamente las imputaciones, según declaraciones públicas.
Las imputaciones son acusaciones formales contenidas en un expediente judicial; los acusados se presumen inocentes hasta que un juez determine lo contrario. El caso quedó bajo la jurisdicción de un tribunal federal en Nueva York y la investigación incluye documentos e indicios presentados por la Fiscalía estadounidense y la DEA.
