El 18 de mayo de 2026 el Departamento de Justicia anunció un acuerdo derivado de la demanda interpuesta por el presidente Donald Trump contra el Servicio de Rentas Internas (IRS) que incluye la creación de un fondo independiente por aproximadamente $1.776 mil millones para compensar a personas que aleguen haber sido “victimizadas” por supuestas acciones de “weaponization” del Estado.
El mismo acuerdo, y un documento administrativo divulgado por el gobierno, limitan la capacidad del IRS para iniciar o continuar determinadas acciones relacionadas con declaraciones de impuestos presentadas antes de la fecha del acuerdo, una cláusula que ha sido descrita por críticos y analistas legales como una barrera amplia contra futuras investigaciones fiscales sobre periodos anteriores a mayo de 2026.
Paralelamente, informes basados en declaraciones entregadas a la Oficina de Ética Gubernamental (OGE) muestran que durante el primer trimestre de 2026 el presidente o los gestores de sus inversiones reportaron más de 3,700 operaciones de compra y venta de valores, incluidas transacciones en empresas que mantienen relaciones regulatorias o comerciales con la administración. Ese volumen de operaciones —documentado en formularios públicos de la OGE— ha generado cuestionamientos sobre potenciales conflictos de interés y la necesidad de aclarar si las decisiones de política pública pudieron coincidir con ganancias financieras.
Además, reguladores financieros investigan movimientos inusuales en los mercados de futuros del petróleo en días previos a anuncios de política exterior relacionados con Irán (por ejemplo, el 23 de marzo de 2026), lo que intensifica el debate público sobre el uso de información privilegiada o el aprovechamiento de información gubernamental para operaciones financieras.
La reacción política y de grupos de vigilancia ha sido inmediata: legisladores y expertos legales han pedido revisiones y han calificado el conjunto de medidas como extraordinario y potencialmente problemático desde el punto de vista de la rendición de cuentas. Por su parte, funcionarios del gobierno han defendido el acuerdo como una forma de resolver litigios y evitar largos juicios, al tiempo que aseguran que no hay licencia para la conducta ilícita.
Se espera que en los próximos días las partes públicas implicadas, así como agencias independientes y congresistas, clarifiquen los alcances del acuerdo y las medidas de supervisión que aplicarán. Esta nota será actualizada si se hacen públicas nuevas decisiones, documentos judiciales o pronunciamientos oficiales con fechas concretas.
