El 29 de abril de 2026 el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una acusación formal contra Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa, y otras nueve personas —funcionarios y exfuncionarios estatales— por presuntos delitos de tráfico de drogas y de armas, según el comunicado oficial de la fiscalía federal en Nueva York.
La acusación, que fue presentada ante la corte federal del Distrito Sur de Nueva York, sostiene que los señalados habrían colaborado con una facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos” para facilitar el envío de estupefacientes a Estados Unidos, así como para proteger a líderes del cártel de investigaciones y detenciones, de acuerdo con la información publicada por las autoridades estadounidenses.
Entre los antecedentes citados en la cobertura se mencionan hechos ocurridos desde 2024 que han tensado la seguridad en la entidad, incluida la citación y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a autoridades estadounidenses en julio de 2024 y la aseguración de una propiedad conocida como Huertos del Pedregal en las afueras de Culiacán, que ha sido señalada en reportes periodísticos como vinculada a episodios relevantes en la pesquisa.
El gobierno mexicano y las autoridades involucradas han reaccionado: el propio gobernador Rocha Moya negó las imputaciones públicamente, y la Secretaría de Relaciones Exteriores apuntó a la necesidad de que cualquier solicitud de detención o cooperación tenga fundamento legal y pruebas suficientes, según reportes de prensa.
El caso lo presentó la fiscalía de Estados Unidos ante tribunales federales y, según el comunicado oficial, la investigación contó con la colaboración de dependencias internacionales y de varias oficinas del Departamento de Justicia. Las posibles medidas que siguen incluyen procesos judiciales en EU y solicitudes de cooperación legal internacional o extradición si procede.
La imputación representa un episodio inusual por la naturaleza de los señalados —funcionarios en activo o recientes— y ha desatado consecuencias políticas y diplomáticas, con llamados a revisar la relación entre ambas administraciones y a que las autoridades mexicanas determinen si existen elementos para continuar indagatorias dentro del país.
Qué sigue: las autoridades judiciales en Estados Unidos continuarán con el proceso penal según su calendario y las autoridades mexicanas pueden abrir o profundizar indagatorias locales; el desarrollo del caso dependerá de las solicitudes de cooperación internacional y de las pruebas que presenten los fiscales.
