El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el 8 de junio de 2026 una batería de demandas para revocar la ciudadanía de 17 personas que, según la dependencia, obtuvieron la naturalización mediante fraude, falso testimonio u ocultamiento de hechos relevantes.
Entre los señalados aparecen dos ciudadanos originarios de México: María Lourdes Montoya, contra quien el gobierno alega que presentó solicitudes de residencia y naturalización haciéndose pasar por la esposa de un ciudadano estadounidense cuando en realidad su esposo usó la identidad de otra persona; y Armando Mendoza, a quien se le imputa haber ocultado antecedentes relacionados con la recepción de material sexualmente explícito de menores y mentir en su solicitud de naturalización.
Las acciones fueron presentadas en distintos tribunales federales y, según el Departamento de Justicia, constituyen alegatos que deberán probarse en sede judicial. Si prosperan, las demandas podrían conducir a la cancelación del certificado de naturalización y a procedimientos de deportación.
La ofensiva forma parte de una política más amplia del gobierno federal para perseguir casos de desnaturalización; la propia dependencia subraya que los reclamos son alegaciones y que no existe —por ahora— una determinación de responsabilidad penal o civil.
Este artículo se elaboró a partir del comunicado oficial del Departamento de Justicia y de cobertura periodística independiente que reportó los mismos procedimientos y nombres involucrados.
