La Casa Blanca dio a conocer la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, un plan que pone a México y a los cárteles mexicanos en el centro de la política antidrogas estadounidense.
El anuncio se produce en un contexto sensible: el 29 de abril de 2026 el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación en la que figuran diez personas, entre ellas Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La nueva estrategia plantea un uso intensificado de recursos diplomáticos, de inteligencia y económicos para desarticular redes de tráfico de drogas. Analistas señalan que la inclusión explícita de México como foco podría traducirse en mayor presión para investigar y sancionar a funcionarios señalados por colaborar con grupos criminales.
Autoridades mexicanas han rechazado que existan pruebas suficientes para procesos de extradición y han demandado acceso a la información que sustentaría las imputaciones. La situación ha generado reacciones políticas internas y debate sobre cooperación bilateral en seguridad.
El caso y la estrategia son dinámicos: se espera que en los próximos días haya más movimientos diplomáticos y judiciales que definirán el alcance de las medidas anunciadas por Washington y la respuesta de México.
