El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó en febrero de 2026 a una estructura empresarial que, según las investigaciones, operaba para beneficio del Cártel Jalisco Nueva Generación mediante fraudes de tiempos compartidos y otros esquemas financieros.
En respuesta a las designaciones internacionales, la Secretaría de Hacienda incorporó a varios sujetos a la lista de personas bloqueadas y ordenó el congelamiento de operaciones en empresas vinculadas a la red. Las autoridades mexicanas señalan discrepancias entre los ingresos reportados y los recursos observados en el sistema financiero.
La acción incluye la actualización de identificadores y alias usados por el complejo señalado, lo que busca dificultar la evasión de sanciones y la continuidad de los supuestos esquemas fraudulentos.
Especialistas en finanzas y cumplimiento señalan que este tipo de medidas buscan cortar fuentes de financiamiento y reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales al cerrar canales para la movilización y el blanqueo de recursos.
Fuentes oficiales y medios han documentado que el grupo criminal habría diversificado sus ingresos más allá del tráfico de drogas, integrando actividades como fraude inmobiliario y robo de combustible en su modelo de obtención de recursos.
Las autoridades anunciaron además que la coordinación internacional y el intercambio de información con agencias de otros países son clave para detectar y sancionar estructuras corporativas usadas para operaciones ilícitas. Las investigaciones continúan para identificar a los responsables y posibles implicados en México y el extranjero.
