Estudios internacionales estiman que el mercado ilícito global de drogas alcanza cientos de miles de millones de dólares anuales, en torno a 0.8–1% del PIB mundial. Esa dimensión económica hace del comercio de estupefacientes una actividad con impacto macroeconómico y repercusiones en la gobernanza y la seguridad.
El grueso de las ganancias se genera en la cadena minorista dentro de los países consumidores: entre dos tercios y tres cuartas partes del valor agregado total se crea en esos mercados. A su vez, los intermediarios y mayoristas en rutas de tránsito absorben otra porción significativa, y sólo una fracción muy pequeña de la venta final llega a los productores en los países de origen.
Ese desbalance explica por qué gran parte de los beneficios económicos, así como las rentas que pueden alimentar la corrupción o el lavado de dinero, quedan en los países con demanda alta. En los países productores, las ganancias directas para los cultivadores y comunidades rurales suelen ser reducidas comparadas con el valor final que pagan los consumidores.
El reparto desigual de ingresos tiene implicaciones de política pública: las estrategias centradas exclusivamente en la represión en origen no abordan el grueso de la economía criminal, mientras que las medidas orientadas a reducir la demanda, regular mercados específicos o atacar los canales financieros podrían incidir de manera más directa en las rentas delictivas.
En suma, comprender dónde se genera el valor en la cadena del narcotráfico es clave para diseñar respuestas más eficaces y menos lesivas para las comunidades productoras.
