Un diagnóstico reciente documenta que 22 personas dedicadas a la búsqueda de familiares desaparecidos fueron asesinadas en México entre 2011 y 2024. El informe registra que, en varios casos, las agresiones precedieron a la desaparición o siguieron a la actividad de búsqueda en terreno.
La radiografía incluye un mapa y un análisis sobre la violencia contra colectivos de búsqueda, y apunta que más de la mitad de las personas asesinadas (63%) eran madres de las personas desaparecidas. El documento subraya que la labor de búsqueda expone a familiares a amenazas, intentos de secuestro y homicidios, en muchos casos sin la protección efectiva de las autoridades.
Los estados con mayor número de agresiones documentadas incluyen a Guanajuato y Sonora, y el período analizado abarca desde 2011 hasta 2024. El diagnóstico también registra que en algunos casos los agresores desaparecieron a las víctimas antes de asesinarlas, y que 2022 fue uno de los años con mayor número de incidentes contra buscadores.
Organizaciones civiles y medios independientes han reportado la misma cifra y corroboran la existencia de un patrón de violencia que afecta con especial intensidad a quienes buscan a personas desaparecidas. Los colectivos exigen investigación, garantías de protección para las búsquedas comunitarias y medidas para prevenir represalias.
El informe concluye con recomendaciones para que el Estado asuma la protección de las labores de búsqueda y ofrezca respuestas eficaces a las familias afectadas, además de instar a una política integrada que incluya investigación, búsqueda y reparación.
