El senador Enrique Inzunza Cázarez afirmó el 17 de mayo de 2026 que se encuentra en Culiacán y que no tiene intención de entregarse a autoridades de Estados Unidos. Según dijo, atenderá cualquier requerimiento exclusivamente a través de las autoridades mexicanas.
Las declaraciones se producen después de que una fiscalía federal en Nueva York presentara imputaciones que incluyen a funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Entre los señalados aparecen, además del senador, el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
Inzunza negó que haya sido detenido o que haya tenido contacto con la DEA, y calificó las acusaciones como infundadas. En días previos el legislador ya había rechazado renunciar o pedir licencia al Senado y aseguró que cumplirá con sus labores legislativas mientras enfrenta los señalamientos.
Autoridades mexicanas han tomado medidas relacionadas: reportes de prensa indican que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó la inmovilización de cuentas vinculadas a algunos de los señalados. Hasta ahora no se ha reportado entrega o detención del senador por parte de autoridades estadounidenses.
El caso sigue en desarrollo y las partes involucradas mantienen posiciones contrapuestas: el gobierno de Estados Unidos presentó acusaciones a través de su sistema judicial, mientras que los implicados rechazan las imputaciones y piden que cualquier proceso se tramite con respeto al debido proceso.
