En febrero de 2021 la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó el juicio de procedencia para retirar el fuero al gobernador de Tamaulipas y que pudiera ser procesado por presuntos delitos federales. El 30 de abril de 2021 la Cámara de Diputados aprobó la declaratoria de procedencia.
Ante esa resolución, el Congreso del Estado de Tamaulipas promovió controversias constitucionales y recursos legales para impugnar el proceso, alegando que la competencia para decidir sobre el fuero correspondía al órgano legislativo local y cuestionando la validez de la tramitación en San Lázaro.
Tras meses de impugnaciones y revisión por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Primera Sala resolvió y, el 17 de agosto de 2022, invalidó la orden de aprehensión relacionada con el expediente, determinando que no procedía la acción penal en contra del mandatario en los términos planteados.
El caso puso en evidencia la complejidad normativa alrededor del fuero para gobernadores y la tensión entre órganos federales y locales sobre quién tiene la última palabra en los procesos de juicio de procedencia y detención.
