En una sala de reuniones en Dallas, donde el comité anfitrión presentó su borrador de plan de derechos humanos en una mesa redonda mediática el 17 de febrero de 2026, los organizadores mostraron una batería de medidas que van desde capacitación en trata de personas hasta un llamado explícito a orientar a manifestantes sobre los límites legales de la protesta.
La exigencia de FIFA a las 16 ciudades sede de elaborar planes de derechos humanos ha dejado a los comités locales con la tarea de traducir compromisos amplios en protocolos concretos. Dallas puso en su lista de acciones un “Free Speech Toolkit” para explicar el alcance de la libertad de expresión constitucional y poner el acento en las restricciones conocidas como “time, place and manner”. Houston, por su parte, ha publicado un plan que identifica ocho áreas prioritarias, entre ellas el “Derecho a participar”.
Los documentos municipales y de los comités locales subrayan medidas sobre explotación laboral, trata de personas, accesibilidad y seguridad, y señalan plazos para publicar versiones finales: Dallas indicó que la V1 del plan se difundió en febrero y que la versión final está prevista para el 11 de mayo de 2026.
Ante esos borradores, organizaciones de derechos humanos han levantado la voz sobre riesgos persistentes. Grupos como la Sport & Rights Alliance y Amnistía Internacional advierten que el gran despliegue del Mundial puede agravar amenazas sobre migrantes, prensa, personas LGBTI y manifestantes si no hay garantías claras y ejecutables. “Despite FIFA’s mantra that ‘football unites the world,’ a World Cup held under discriminatory and exclusionary policies risks deepening social divides rather than bridging them,” dijo Andrea Florence en un llamado público sobre estos riesgos.
Human Rights Watch y asociaciones especializadas también han señalado preocupaciones concretas: la discriminación y la violencia contra personas LGBTI, la seguridad de periodistas y el impacto de políticas migratorias restrictivas pueden convertir espacios de celebración en zonas de exclusión si las salvaguardas son insuficientes.
Para los comités locales, las herramientas prácticas —como la guía sobre lo que está protegido constitucionalmente— buscan prevenir conflictos y ofrecer claridad a fuerzas de seguridad y público. Sin embargo, críticos advierten que enfatizar la “legalidad” y las limitaciones de tiempo, lugar y forma sin normas públicas más precisas puede dejar amplios márgenes de interpretación que, en la práctica, restrinjan protestas incómodas o críticas al torneo y a las políticas públicas.
El debate llega en el contexto de observaciones internacionales sobre la responsabilidad de FIFA en materia de derechos humanos, y de demandas de ONG y expertos para que los compromisos no se queden en documentos. Mientras los comités dicen estar trabajando en la trazabilidad y la supervisión de sus medidas, activistas y organizaciones piden que esas promesas se concreten en garantías legales y mecanismos independientes de rendición de cuentas antes de que comience la competencia.
En la cuenta regresiva hacia 2026, la tensión entre la logística de un evento masivo y el derecho a la participación pública queda a la vista: las ciudades anfitrionas deben demostrar que sus planes no solo orientan comportamientos, sino que protegen la capacidad de la sociedad civil para expresarse y protestar sin temor a la censura o la represión.
