El 29 de abril de 2026 el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas —actuales o exfuncionarios del estado— por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y por conspirar para introducir a territorio estadounidense grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.
Según el escrito difundido por las autoridades estadounidenses, los señalados habrían protegido a líderes del cártel, proporcionado información y recursos institucionales a cambio de sobornos y apoyo político, y facilitado la protección de cargamentos y rutas de tránsito hacia Estados Unidos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el 29 de abril de 2026 recibió una solicitud de detención provisional con fines de extradición proveniente de Estados Unidos; las autoridades mexicanas evaluarán el trámite conforme a los procesos judiciales establecidos.
La Presidencia de la República y la gobernadora federal han defendido la necesidad de pruebas claras: la presidenta Claudia Sheinbaum declaró el 30 de abril de 2026 que, de no existir evidencia contundente, la acusación tiene un trasfondo político. Por su parte, Rocha Moya ha rechazado las imputaciones y descartó renunciar al cargo.
Observadores y medios nacionales señalan que la acusación reabre el debate sobre la llamada “narcopolítica” y plantea riesgos políticos de cara a los procesos electorales venideros; expertos advierten que, de acreditarse los cargos en una corte estadounidense, las penas podrían ser severas.
En un hecho relacionado sobre seguridad fronteriza, la Fiscalía General de la República abrió el 28 de abril de 2026 dos carpetas de investigación por el operativo en la Sierra del Pinal, Chihuahua, donde se confirmó la presencia de agentes estadunidenses y la muerte de varias personas; la FGR investiga responsabilidades y el alcance de las actuaciones extranjeras en territorio nacional.
Se trata de acusaciones formales presentadas por la justicia estadounidense; no constituyen una condena. Las autoridades mexicanas y las instancias judiciales correspondientes revisarán los documentos y determinarán los pasos legales, incluido el eventual proceso de extradición.
Esta nota se actualizará conforme avancen las investigaciones y las autoridades publiquen nuevas resoluciones o comunicados oficiales.
