El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el 29 de abril de 2026 una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas —funcionarios y exfuncionarios estatales— por presunta asociación con el Cártel de Sinaloa y delitos vinculados al tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.
La acusación señala que los imputados habrían protegido a líderes del cártel, facilitado el tránsito de estupefacientes hacia Estados Unidos y recibido dinero procedente del narcotráfico a cambio de favores políticos y operativos de seguridad que evitaron la detención de miembros del grupo.
La publicación de la solicitud de extradición y la forma en que se dieron a conocer las imputaciones generaron respuestas inmediatas en México. La Secretaría de Relaciones Exteriores notificó que reclamaría explicaciones por la difusión pública de información que, según explicó, debía manejarse con carácter confidencial y abundó que hasta ese momento no se habían entregado las pruebas solicitadas.
Partidos políticos y actores locales también reaccionaron: la oposición utilizó la acusación para exigir acciones y responsabilizar al gobierno estatal, mientras que autoridades y representantes del partido en el poder calificaron como preocupante la petición de extradición sin pruebas y rechazaron las imputaciones.
Rubén Rocha Moya negó las acusaciones y emitió un mensaje en el que rechazó cualquier vínculo con grupos delictivos. Por su parte, la cartera diplomática advirtió que seguirá los cauces jurídicos y diplomáticos correspondientes para dar seguimiento al caso.
La divulgación de estas imputaciones coloca en tensión la relación bilateral entre México y Estados Unidos y abre un proceso que, de avanzar, podría incluir solicitudes formales de detención o extradición a través de los canales judiciales internacionales.
