Estados Unidos llamó el 2 de septiembre de 2026 a sus socios internacionales a suspender las operaciones comerciales habituales con Nicaragua, después de que la Asamblea Nacional aprobara en primera legislatura una reforma constitucional impulsada por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Washington sostiene que los cambios buscan consolidar a la pareja presidencial en el poder y cerrar el paso a elecciones libres.
La reforma amplía de seis a siete años el periodo presidencial y el de otros cargos elegidos por voto popular. También establece restricciones para que los llamados “golpistas” y “traidores a la patria” puedan competir por cargos de elección popular o desempeñar funciones públicas.
Washington anuncia presión política y comercial
El gobierno estadounidense advirtió que podrían anunciarse nuevas medidas durante la próxima reunión ministerial de la Organización de los Estados Americanos. La postura de Washington ocurre mientras crece la presión internacional sobre Managua por el deterioro de las instituciones democráticas y las restricciones contra la oposición.
La Asamblea Nacional nicaragüense, controlada por el oficialismo, aprobó los cambios constitucionales durante una sesión celebrada el 1 de septiembre. La modificación también señala que las leyes extranjeras no tendrán efecto jurídico dentro de Nicaragua.
Riesgo para el comercio y el empleo
El llamado estadounidense genera preocupación por sus posibles efectos en el comercio exterior nicaragüense. Juan Sebastián Chamorro, dirigente opositor desnacionalizado y exiliado, alertó que miles de empleos podrían estar en riesgo si Washington impone medidas arancelarias o restringe los beneficios comerciales de Nicaragua.
Casi la mitad de las exportaciones de Nicaragua tienen como destino Estados Unidos, de acuerdo con la información difundida tras la reacción de Washington. Entre las alternativas que se analizan se encuentra la imposición de aranceles especiales sin que necesariamente se suspenda al país del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.
Reforma ocurre tras declaraciones contra las elecciones
Los cambios constitucionales se producen después de que Daniel Ortega declarara en julio que en Nicaragua no volvería a haber elecciones. La reforma aprobada en primera legislatura elimina los comicios previstos para noviembre de 2026 y desplaza la siguiente elección general hasta 2028, según reportes sobre el alcance de la modificación.
La situación también será abordada por la OEA, cuyo Consejo Permanente aprobó una reunión extraordinaria de cancilleres para analizar posibles medidas frente a la crisis nicaragüense. El organismo regional ha recibido llamados para reforzar la presión diplomática sobre el gobierno de Ortega y Murillo.
Desde la represión de las protestas de 2018, organizaciones internacionales han documentado restricciones a las libertades civiles, encarcelamientos de opositores, cierre de organizaciones de la sociedad civil y salida de miles de nicaragüenses del país. La nueva reforma profundiza el conflicto entre Managua y varios gobiernos de la región.