Un grupo de 25 expresidentes y líderes políticos del llamado Grupo IDEA emitió un comunicado en el que denuncian una “venganza política” tras la detención del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, quien fue arrestado por autoridades federales por su presunta participación en una red de contrabando de combustible.
La Fiscalía General de la República solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra Ruffo; la detención se ejecutó en Ensenada el 16 de julio de 2026. A los detenidos se les imputan, según comunicados oficiales, los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
En su pronunciamiento, los firmantes afirmaron que usar la privación de la libertad para castigar la disidencia constituye un síntoma del “desmantelamiento del sistema judicial” y advirtieron sobre el riesgo que ello representa para las garantías democráticas y el Estado de derecho en la región.
El comunicado, difundido por los propios exmandatarios, también vinculó la situación mexicana con otras preocupaciones regionales: según los firmantes, medidas recientes en países como Nicaragua representan una erosión de procesos democráticos que merece atención internacional.
El arresto de Ruffo ha suscitado reacciones encontradas en México. Dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) manifestaron su apoyo y aseguraron que el exgobernador aclarará los hechos que se le imputan; por su parte, organizaciones y grupos afines han denunciado persecución política y acoso hacia su familia.
Fuentes periodísticas y comunicados oficiales indican que, tras la detención, un juez federal vinculó a proceso a Ruffo y dictó prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 (El Altiplano). El caso continúa su trámite judicial y ha abierto un debate político sobre la separación entre justicia y concurrencia política en México.
Ante la polarización que rodea el asunto, el pronunciamiento de los expresidentes añade presión política al caso y amplía el foco hacia preocupaciones sobre la independencia judicial y el uso de instituciones con fines políticos.
Qué sigue: el proceso judicial continuará en las próximas semanas con nuevas audiencias y potenciales recursos. Las partes involucradas mantienen posturas opuestas: las autoridades judiciales sostienen que la detención se basa en investigaciones y pruebas; los críticos sostienen que el arresto forma parte de una estrategia política.