La familia de Alberto Sorkin mantiene desde 2010 una disputa por una casa ubicada en la colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón, luego de que un proceso civil derivara en su desalojo. Sorkin sostiene que el procedimiento se apoyó en documentos y firmas que considera irregulares.
El caso está relacionado con el juicio ejecutivo civil 156/2010, promovido por Carlos Eugenio Cuenca Aznar contra Grupo Constructor Celio Salvador y María Rodríguez Sorkin. Documentos oficiales también registran actuaciones de amparo promovidas por Alberto Sorkin y cuestionamientos sobre el emplazamiento dentro del procedimiento.
El origen de la disputa
De acuerdo con el expediente referido, en 2008 se formalizó un contrato de mutuo con garantía hipotecaria que involucró a María Rodríguez Sorkin como aval de una empresa constructora. La familia sostiene que la firma atribuida a María fue falsificada y que la identificación presentada era ilegible.
El procedimiento civil derivó en actuaciones sobre un inmueble localizado en la zona de San Ángel y en anuncios de remate publicados durante 2013. En esos avisos, el predio fue descrito como ubicado en la Segunda Cerrada de Frontera, en la entonces delegación Álvaro Obregón.
Desalojo y recursos legales
La familia afirma que fue retirada de la vivienda con apoyo de elementos de la policía capitalina y que desde entonces no ha recuperado la posesión. En 2015, un juzgado federal publicó un acuerdo relacionado con el amparo promovido por Alberto Sorkin contra actuaciones de autoridades judiciales y la orden de desalojo ejecutada el 15 de enero de ese año.
El documento federal señaló que el juicio 156/2010 y la orden de desalojo eran parte de los actos reclamados, en un expediente que también involucraba a Grupo Constructor Celio Salvador y María Rodríguez Sorkin. La existencia de actuaciones posteriores en tribunales capitalinos muestra que la controversia continuó durante los años siguientes.
La petición de la familia
Alberto Sorkin y su esposa, Verónica, pidieron que las autoridades revisen el caso y las actuaciones de las personas funcionarias y particulares que intervinieron en el procedimiento. También solicitaron investigar si otros inmuebles fueron afectados mediante mecanismos similares.
La disputa permanece abierta. Mientras la familia busca recuperar la propiedad en la que Alberto creció, los antecedentes judiciales disponibles documentan el litigio, la orden de desalojo y los recursos presentados para cuestionar el procedimiento.