La madre de Jonathan de Jesús de los Reyes Luna aseguró que el expediente del incendio en la Guardería ABC “nunca se ha cerrado” y exigió que la Fiscalía General de la República (FGR) mantenga y acelere las investigaciones para llevar ante la justicia a todos los responsables.
La manifestación de la familiar ocurre después de que, el 18 de junio de 2026, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los delitos derivados del incendio —en el que murieron 49 niñas y niños en Hermosillo en 2009— son imprescriptibles, con lo que se abrió la posibilidad de reanudar y ampliar las pesquisas.
La madre señaló que si bien algunas versiones han hablado de la reapertura del caso, las familias no fueron notificadas de un cierre previo y pidieron una reunión con la fiscal Ernestina Godoy para aclarar el estado procesal del expediente y conocer las acciones concretas que emprenderá la FGR.
Abogados del colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños señalaron que la resolución de la SCJN no ordena por sí misma la reapertura de un nuevo caso, pero sí fija un criterio jurídico que permite continuar la acción penal contra posibles responsables sin afectar la prohibición de prescripción en delitos graves contra menores.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó en conferencia de prensa que la FGR debe llegar “hasta las últimas consecuencias” en la investigación y pidió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entregar la información que la Fiscalía requiera para esclarecer plenamente los hechos.
El incendio en la Guardería ABC ocurrió el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, y dejó 49 menores fallecidos y decenas de heridos. Desde entonces, las familias y colectivos de víctimas han exigido justicia y seguimiento de las investigaciones; la reciente decisión de la SCJN apunta a mantener abierta la posibilidad de responsabilidad penal por los hechos.
Las familias demandan transparencia en el proceso y garantías de que, con el nuevo criterio de imprescriptibilidad, las autoridades no den por concluidas las carpetas de investigación sin agotar líneas probatorias que pudieran involucrar a servidores públicos o particulares.
