Colectivos de familiares de personas desaparecidas enviaron el 16 de abril de 2026 una carta al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en la que le pidieron que desconfiara de los “logros” que pudiera presentar el Estado mexicano y contrastara cualquier anuncio con la realidad que enfrentan las víctimas.
En el documento, las organizaciones advirtieron que el gobierno buscará destacar avances en políticas públicas, pero exigieron que esas afirmaciones se evalúen frente a testimonios de familiares que, afirman, siguen enfrentando impunidad, búsqueda insuficiente y fallas forenses.
El pronunciamiento ocurre en el contexto de la reciente decisión del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) de remitir la situación de México al Secretario General para su consideración ante la Asamblea General, y en medio de cifras que las colectivas y organismos independientes sitúan en más de 132,000 personas desaparecidas y decenas de miles de restos sin identificar.
Las agrupaciones solicitaron además que el alto comisionado se reúna con colectivos de buscadoras y otras organizaciones de la sociedad civil durante su visita a México, y que su participación pública respalde medidas efectivas para la búsqueda, la identificación forense y el acceso a la justicia.
Las familias insistieron en que los encuentros oficiales no se limiten a la exposición de planes en el papel, sino que incluyan verificación sobre el terreno y seguimiento a casos concretos para evitar la simulación institucional que, según ellas, ha marcado la respuesta estatal.
