Familiares de las 39 personas detenidas durante la marcha del 11 de octubre por la calidad del agua en Guadalajara exigieron esclarecer la actuación de los policías estatales y publicar información completa sobre el paradero y la situación jurídica de cada arrestado.
La protesta recorrió la zona metropolitana de Guadalajara y concluyó frente a Casa Jalisco, donde se registraron enfrentamientos. El saldo oficial fue de 39 personas detenidas, 31 manifestantes lesionados y 28 policías heridos, dos de ellos de gravedad.
El reclamo de las familias surgió después de que colectivos de derechos humanos documentaron 47 denuncias de arrestos, ocho más que la cifra oficial reportada inicialmente. Denisse Montiel Flores, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, pidió información pública, abierta y certera para contrastar los registros y descartar que alguna persona detenida permaneciera sin localizar.
Durante las primeras horas, familiares señalaron que algunas personas no habían sido localizadas y que varias permanecieron incomunicadas. Conforme avanzaron las liberaciones, los colectivos realizaron cruces de información; sin embargo, al cierre del reporte todavía no había certeza sobre ocho casos.
Liberaciones y cargos bajo investigación
La Fiscalía de Jalisco informó que varias personas fueron liberadas de manera gradual, aunque continuarían las investigaciones. Los delitos señalados por la autoridad incluyen ataque a las vías de comunicación, lesiones y delitos contra representantes de la autoridad.
Las familias rechazaron que las personas detenidas formaran parte del grupo de choque al que el gobierno estatal atribuyó el inicio de la violencia. Graciela Bernal Loaiza, madre de uno de los liberados, afirmó que se trataba de jóvenes que ejercían su derecho a participar en la protesta.
Versiones encontradas sobre la confrontación
El gobernador Pablo Lemus sostuvo que una marcha ciudadana, a la que el gobierno atribuyó una asistencia cercana a 10 mil personas, fue infiltrada por un grupo de aproximadamente 400 provocadores armados con martillos, piedras, petardos y bombas de gas. Según el reporte oficial, los disturbios derivaron en lesiones a civiles y policías.
Las familias y colectivos, por su parte, cuestionaron la legalidad de algunas detenciones y denunciaron un uso excesivo de la fuerza. También señalaron el empleo de gases lacrimógenos y chorros de agua durante la intervención policial, hechos cuya actuación el gobernador ordenó revisar mediante videos.
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al gobierno estatal explicar las detenciones y entregar los nombres de las personas arrestadas. Mientras continúan las investigaciones, el principal reclamo de los familiares es contar con un registro público y verificable que permita aclarar cada caso.