La Fiscalía General de la República (FGR) informó el 28 de abril de 2026 que abrió dos carpetas de investigación tras los hechos registrados en la Sierra del Pinal, Chihuahua, relacionados con un operativo en el que se localizaron presuntos narcolaboratorios y perdieron la vida varias personas.
Autoridades estatales han señalado que durante el operativo estuvieron presentes agentes de nacionalidad estadunidense, descritos por algunos informes como presuntamente vinculados a la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Las cifras sobre el número de extranjeros han variado en las diferentes versiones oficiales y periodísticas.
El escándalo llevó a la renuncia del fiscal de Chihuahua y a que la Junta de Coordinación Política del Senado invite a la gobernadora de la entidad, María Eugenia “Maru” Campos, a ofrecer explicaciones ante las comisiones correspondientes; la mandataria declaró que no está obligada a comparecer y, por ahora, rechazó asistir.
Investigadores federales anunciaron la apertura de dos carpetas con el objetivo de esclarecer las circunstancias previas, durante y posteriores al operativo, incluidas posibles responsabilidades administrativas o penales. Las indagatorias federales se suman a las pesquisas iniciadas por autoridades estatales tras el accidente vehicular ocurrido durante los movimientos del convoy, en el que murieron agentes y funcionarios.
El caso ha generado un debate político sobre la coordinación entre autoridades mexicanas y dependencias extranjeras, así como sobre la observancia del marco jurídico que rige la cooperación en materia de seguridad en territorio nacional. Legisladores advirtieron que, dependiendo de los resultados de las investigaciones, podrían impulsar sanciones o procedimientos constitucionales.
Por ahora, las autoridades federales mantienen abiertas las indagatorias y el gobierno estatal ha señalado que continuará entregando información a las instancias que la requieran.
