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FGR investiga la presencia de agentes estadunidenses en operativo en la Sierra del Pinal; Morena anuncia juicio político contra la gobernadora de Chihuahua

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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que abrió dos carpetas de investigación por el operativo realizado en la Sierra del Pinal, en Chihuahua, donde se confirmó la presencia de agentes de Estados Unidos y donde murieron cuatro personas, entre ellas dos ciudadanos estadunidenses.

El operativo se llevó a cabo entre el 17 y el 19 de abril de 2026 y, según las indagatorias federales, al menos cuatro personas extranjeras estuvieron presentes en acciones que involucraron a la Fiscalía estatal. La FGR ha citado a declarar a decenas de servidores públicos y agentes relacionados con la intervención para determinar si hubo violaciones a la Ley de Seguridad Nacional o invasión de competencias.

En respuesta, el grupo parlamentario de Morena anunció que promoverá un juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, al acusarla de permitir la participación de agentes extranjeros en operativos estatales. La propuesta legislativa se suma a la intensificación de las investigaciones federales y al debate político nacional sobre la soberanía y los protocolos de colaboración con agencias extranjeras.

La gobernadora ha negado haber autorizado la presencia de agentes extranjeros y ha defendido la legalidad del operativo, mientras que autoridades federales investigan el alcance de la coordinación entre personal del estado y las personas de nacionalidad extranjera que estuvieron en el lugar.

Las pesquisas federales incluyen la citación de alrededor de 50 personas que participaron en el operativo para aclarar responsabilidades, y continúan las revisiones sobre cómo y por qué personal extranjero participó en acciones en territorio mexicano sin aparente autorización formal del Gobierno federal.

El caso ha generado repercusiones políticas inmediatas: partidos de oposición y la sociedad civil han exigido transparencia en las indagatorias y medidas para garantizar el respeto a las atribuciones constitucionales en materia de seguridad.

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