Al cierre de 2024 había en trámite cerca de 4.78 millones de carpetas de investigación en la Fiscalía General y las fiscalías estatales, según datos consolidados recientes.
Durante 2024 se abrieron más de 2.1 millones de carpetas de investigación, cifra que se sumó a los expedientes pendientes de años anteriores y elevó el total reportado.
De las determinaciones hechas sobre las carpetas durante 2024, aproximadamente 15% derivó en el ejercicio de la acción penal. Otro 5% se resolvió mediante acuerdos reparatorios y cerca de 38% fue remitido al archivo temporal, lo que evidencia una alta tasa de casos que no avanzan hacia procesos judiciales.
En entidades con mayores rezagos, cada agente del ministerio público atendió, en promedio, varias centenas de carpetas; en algunos estados la carga por agente supera las 700 o incluso 800 investigaciones, lo que dificulta la atención eficaz de los casos.
Además de la congestión de expedientes, las fiscalías registran deficiencias estructurales: carencias en el número de personal sustantivo, falta de sistemas de carrera funcional y prestaciones laborales limitadas para el personal ministerial y de investigación.
El panorama sugiere un cuello de botella institucional en la procuración de justicia que, si no se atiende con medidas de fortalecimiento organizacional, recursos humanos y protocolos forenses, puede perpetuar la impunidad y la desconfianza ciudadana.
