La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha identificado un patrón específico de participación de notarios u otros servidores públicos en los casos de despojo atendidos durante los últimos 12 días, informó este lunes la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján.
La funcionaria explicó que sí existen expedientes antiguos en los que se menciona a servidores públicos de distintos niveles de gobierno y personal de alcaldías. Por ello, aseguró que las autoridades revisarán e investigarán cada caso, incluido cualquier posible acto de corrupción relacionado con el delito de despojo.
Fiscalía reporta 89 denuncias y 14 casos confirmados
Durante la presentación de los avances de la estrategia contra el despojo, Alcalde Luján detalló que desde el 5 de agosto, cuando se reforzaron las acciones en la capital, se han recibido 89 denuncias.
De ese total, 14 casos fueron acreditados como posibles despojos: dos ocurrieron con violencia y 12 sin violencia. La fiscal precisó que dos de los hechos violentos se remontan a 2022.
Además, las autoridades han asegurado 15 inmuebles y detenido a 24 personas por su presunta relación con este delito, como parte de las acciones de atención inmediata implementadas en la Ciudad de México.
La mayoría de los expedientes aún está en revisión
La Fiscalía mantiene 46 denuncias en proceso de análisis para determinar si los hechos corresponden o no al delito de despojo. En otros 29 casos, la autoridad identificó conflictos de carácter civil que no necesariamente constituyen un ilícito penal.
La estrategia capitalina contempla agilizar la atención de las denuncias, establecer plazos para el aseguramiento y restitución de inmuebles, así como fortalecer la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad, la procuración de justicia y la atención a las víctimas.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que el plan contra el despojo también incluye acciones de regularización registral, escrituración y sucesión de propiedades, además de medidas para investigar posibles redes y responsabilidades de servidores públicos.
La Fiscalía señaló que las investigaciones continuarán tanto para esclarecer los casos recientes como para revisar expedientes anteriores en los que se haya señalado la posible intervención de funcionarios, personal de alcaldías u otros particulares.