La Fiscalía General del Estado de Bolivia emitió una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales por su presunta implicación en las protestas y bloqueos que se registraron entre mayo y junio de 2026, informó la autoridad judicial.
La acusación incluye delitos que, según la investigación, estarían relacionados con la organización y el impulso de cortes de carreteras y movilizaciones: terrorismo, alzamiento armado, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Las movilizaciones afectaron el abastecimiento en varias ciudades y, de acuerdo con distintos reportes, dificultaron el acceso a servicios médicos y a insumos básicos en zonas donde se instalaron bloqueos prolongados.
El expresidente Morales permanece en su bastión del Trópico de Cochabamba, desde donde ha rechazado las imputaciones en su contra. En los últimos meses también ha enfrentado otra orden de aprehensión en un proceso separado por presunta trata de personas, lo que complica su situación judicial.
Autoridades estatales y organizaciones sociales han protagonizado intentos de diálogo para reducir las tensiones, pero la entrega o ejecución de mandamientos de captura podría reactivar protestas en departamentos afines a Morales.
Las investigaciones siguen abiertas y las autoridades han señalado que seguirán con las diligencias correspondientes para localizar y, en su caso, detener al exmandatario; desde el entorno de Morales niegan que él haya promovido la renuncia del presidente Rodrigo Paz.