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Fiscalía de Puebla mantiene dos procesos contra Marilyn “N”; dos víctimas no aceptan acuerdos reparatorios

La Fiscalía General del Estado de Puebla mantiene abiertos y judicializados dos procesos contra Marilyn “N”, señalada por presuntamente ejercer como psiquiatra sin contar con la formación y autorización correspondiente, mientras que dos de las 11 víctimas identificadas no han aceptado acuerdos reparatorios ni otorgado el perdón judicial.

La fiscal general Idamis Pastor Betancourt rechazó que la imputada haya alcanzado acuerdos con todas las personas afectadas o que únicamente enfrente una causa penal. Precisó que las investigaciones estatales son independientes de la indagatoria federal.

Pastor Betancourt explicó que la Fiscalía ha orientado a las víctimas para que evalúen cuidadosamente cualquier acuerdo reparatorio. Sin embargo, aclaró que la decisión final corresponde a cada persona afectada.

“Nosotros como Fiscalía hemos insistido con las víctimas que no lleguen a acuerdos reparatorios con este responsable, pero al final de cuentas nosotros no podemos hacer más allá de orientar a las víctimas y pedirles que no lleguen a acuerdos con ellos”, expuso la fiscal.

La funcionaria reiteró que no es correcto afirmar que las 11 víctimas ya llegaron a un acuerdo, pues todavía hay dos personas que no han aceptado esa vía alterna ni han concedido el perdón judicial.

El caso de Marilyn “N” cobró relevancia después de que pacientes denunciaran que ofrecía consultas, emitía diagnósticos y recetaba medicamentos sin contar con los estudios necesarios para ejercer la psiquiatría. La Fiscalía estatal la investiga por los delitos de amenazas y usurpación de funciones.

En mayo de 2026, información pública sobre el caso ya señalaba que la defensa buscaba una salida mediante acuerdos reparatorios con víctimas. Además, reportes posteriores refirieron que el expediente acumulaba al menos 11 denuncias y que la imputada continuaba bajo prisión preventiva mientras avanzaban otros procesos.

La Fiscalía de Puebla mantiene así la investigación estatal en tribunales, mientras continúan por separado las actuaciones de la autoridad federal y la definición de las víctimas respecto a posibles acuerdos de reparación del daño.