Entre 2019 y diciembre de 2025 las Fuerzas Armadas mexicanas ampliaron tareas operativas más allá de la seguridad, asumiendo funciones de administración y contratación en aeropuertos, puertos y megaproyectos de infraestructura. Durante ese periodo se registra un aumento marcado en los montos y el número de contratos asociados a la Defensa, la Marina y la Guardia Nacional.
Los registros disponibles muestran que el patrón de compras se transformó: de contratos pequeños destinados a insumos internos se pasó a adjudicaciones por obra pública y servicios de mayor envergadura. La creación o gestión de entidades relacionadas con proyectos como el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y administraciones portuarias incrementó el universo contractual de instituciones militares.
Además del crecimiento del gasto, hay una concentración de recursos en un grupo reducido de contratistas que han obtenido adjudicaciones relevantes, incluidas adjudicaciones directas y acuerdos plurianuales que garantizan ingresos en años futuros. Ese patrón suscita dudas sobre la competencia efectiva en los procesos de contratación.
También se observa la aplicación de criterios de reserva o clasificación de información que han limitado la disponibilidad pública de anexos y desgloses contractuales. La ausencia de documentación accesible complica la fiscalización, la auditoría y el análisis público del destino final de los recursos.
Analistas y organizaciones señalan riesgos de gobernanza: potenciales conflictos de interés, menor transparencia y obstáculos para la rendición de cuentas. Estas señales subrayan la necesidad de reforzar controles, mecanismos de supervisión y requisitos de transparencia en contratos que involucren a instituciones militares.
La magnitud del fenómeno y su impacto fiscal requieren seguimiento institucional y legal para garantizar que la ejecución de obra pública cumpla con estándares de competencia, transparencia y control del gasto público.
