La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, I.A.P. informó que presentó denuncias contra diversos servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México por presunto abuso de funciones, encubrimiento, omisiones en el desempeño del cargo y posibles afectaciones a la Hacienda Pública, en relación con el caso del Refugio Franciscano, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa.
Las querellas fueron dirigidas contra la procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial, Mónica Vietnika Alegre González; el subprocurador Ambiental de Protección y Bienestar a los Animales, Francisco Javier García Ramírez, así como integrantes del Comité de Transparencia de la PAOT.
La organización señaló que las denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de la Contraloría General capitalina y la Auditoría Superior de la Ciudad de México, órgano del Congreso local.
Señalamientos sobre el rescate de animales
La Fundación vinculó sus acusaciones con el operativo realizado el 7 de enero de 2026, cuando autoridades capitalinas retiraron perros y gatos de un inmueble del Refugio Franciscano tras denuncias por presunto maltrato animal. El caso permanece dentro de una disputa legal y administrativa entre la fundación y la organización que operaba el albergue.
De acuerdo con la denuncia difundida por la organización, los funcionarios de la PAOT habrían omitido dar seguimiento a procedimientos relacionados con denuncias previamente acreditadas y algunas sancionadas administrativamente. La Fundación sostiene que esas omisiones podrían estar relacionadas con actos de crueldad animal por comisión u omisión.
También señaló una presunta falta de actuación ante posibles afectaciones ambientales en la Barranca Echánove, Área Natural Protegida de Cuajimalpa, así como ante la supuesta falta de autorización de uso de suelo para operar un albergue de animales en el predio.
Cuestionamientos a la reserva de información
Otro de los señalamientos se relaciona con acuerdos del Comité de Transparencia de la PAOT que, según la Fundación, reservaron la totalidad de la información vinculada con el caso sin la debida fundamentación y motivación.
La organización ha cuestionado que parte del expediente permanezca bajo reserva y ha promovido acciones legales para solicitar el acceso a documentos relacionados con inspecciones, dictámenes veterinarios, censos de animales y actuaciones administrativas.
La PAOT y las demás autoridades señaladas deberán determinar, dentro de sus respectivas competencias, el alcance de las denuncias y si existen responsabilidades administrativas o penales. Hasta ahora, los señalamientos forman parte de un conflicto en curso y no constituyen por sí mismos una resolución judicial o una sanción contra los funcionarios mencionados.