El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo el 4 de mayo de 2026 que el Gabinete de Seguridad federal no contaba con indicios que vincularan al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el crimen organizado.
La declaración del funcionario se produjo en el contexto de una acusación presentada por autoridades de Estados Unidos contra Rocha Moya y otros servidores públicos de Sinaloa, formulada el 29 de abril de 2026.
García Harfuch aseguró que las operaciones federales en la entidad no enfrentaron obstrucciones de funcionarios estatales y que no existían sospechas internas sobre la posible colusión de Rocha Moya con grupos criminales. En conferencia, el secretario señaló: “no teníamos ningún indicio” de tales vínculos.
El funcionario agregó que Rocha Moya permanece en Sinaloa y que, por precaución, se le asignó protección discreta de la Guardia Nacional debido al historial de violencia en la entidad. También afirmó que el objetivo del reforzamiento de seguridad es acompañar a las familias y mantener la coordinación institucional.
La acusación estadounidense, hecha pública el 29 de abril de 2026, incluye a varios exfuncionarios y autoridades locales y federaliza las investigaciones sobre supuestos lazos entre funcionarios y la facción conocida como “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
Ante la tensión bilateral generada por el caso, el gobierno federal ha reiterado que seguirá cooperando con las indagatorias y que las acciones de seguridad continuarán con normalidad para garantizar la paz en la entidad.
