El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó el 4 de mayo de 2026 en Culiacán que el gobierno federal no tenía indicios ni sospechas de presuntos vínculos entre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el crimen organizado.
García Harfuch dijo que, tras una evaluación de riesgos, a Rocha Moya se le otorgó un esquema de protección de la Guardia Nacional, y que hasta ahora no se cuentan con elementos que indiquen obstrucción por parte de funcionarios estatales en las labores federales de seguridad.
La decisión de otorgar protección se tomó en el marco de las investigaciones y de la reacción gubernamental a las acusaciones hechas públicamente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que motivaron que Rocha solicitara una licencia temporal como gobernador.
El gabinete de seguridad federal se trasladó a Sinaloa para coordinar acciones y reforzar la seguridad en la entidad, según informó el funcionario durante la conferencia en la sede de la novena Zona Militar en Culiacán.
Rocha Moya ha rechazado las acusaciones y sostuvo que se trata de señalamientos infundados; el gobierno federal, por su parte, afirmó que seguirá colaborando con las investigaciones y no prevé, por el momento, indicios que ameriten detenciones o medidas adicionales públicas contra el gobernador con licencia.
