El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, declaró el 4 de mayo de 2026 en Culiacán que el gobierno federal no tenía “indicios” ni sospechas que vincularan al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el crimen organizado.
Durante una conferencia en la Novena Zona Militar, Harfuch dijo que la coordinación en materia de seguridad con autoridades estatales no ha mostrado obstrucciones y que, desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han realizado operaciones y detenciones sin impedimentos.
El funcionario explicó que la asignación de escoltas de la Guardia Nacional a Rocha Moya se hizo tras una evaluación de riesgo del Servicio de Protección Federal y no por una solicitud del propio exmandatario; afirmó que no existen indicios de una amenaza concreta en su contra.
Estas declaraciones ocurren después de que, el 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos que señalan a Rocha Moya y a otras personas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y solicitó detenciones con fines de extradición. Autoridades mexicanas —incluida la Fiscalía General de la República— han señalado la necesidad de contar con elementos probatorios antes de proceder con detenciones provisionales o solicitudes formales.
La postura de Harfuch reafirma la posición del gobierno federal de no disponer, hasta ese momento, de evidencias internas que corroboren las acusaciones externas, mientras que los procesos legales y diplomáticos relacionados con las solicitudes de extradición siguen su curso.
