El 2 de junio de 2026, la presidencia de la República planteó la necesidad de iniciar una discusión nacional sobre la regulación de plataformas digitales, incluidas las redes sociales y la inteligencia artificial, con el argumento de proteger la salud pública.
En la conferencia matutina se expresó la preocupación por el uso intensivo de teléfonos entre niñas, niños y adolescentes y por prácticas de diseño —como el desplazamiento infinito o “scroll”— que favorecen la permanencia prolongada en aplicaciones. Se anunció la intención de consultar a padres, especialistas y autoridades antes de avanzar con propuestas específicas.
La iniciativa conecta con tendencias regulatorias internacionales que buscan limitar prácticas de diseño dirigidas a menores y exigir mayor transparencia sobre algoritmos de recomendación. Sin embargo, especialistas advierten que cualquier intervención debe balancear la protección de grupos vulnerables con la libertad de expresión y la privacidad.
Hasta ahora no hay una propuesta legislativa formal ni calendario definido; la convocatoria a diálogo se presentó como primer paso para evaluar instrumentos de política pública que atiendan riesgos asociados al uso excesivo de plataformas digitales.
La apertura del gobierno al debate fue recogida por medios nacionales y reactiva la discusión pública sobre cómo regular la economía de la atención sin socavar derechos digitales fundamentales.
