La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el 9 de abril de 2026 la creación de un comité científico encargado de evaluar la viabilidad técnica, ambiental y económica de extraer gas no convencional en México mediante métodos distintos al fracking tradicional.
El grupo, integrado por académicos y especialistas —entre ellos representantes de la UNAM, la UAM, el IPN y el Instituto Mexicano del Petróleo— tendrá un plazo aproximado de dos meses para emitir recomendaciones sobre tecnologías que reduzcan el uso de agua potable y el impacto ambiental.
El gobierno explica que la medida busca fortalecer la soberanía energética y reducir la dependencia de importaciones: actualmente México importa alrededor del 75% del gas que consume, por lo que ampliar la producción doméstica es parte de la estrategia.
Sheinbaum y funcionarios han insistido en que no se recurrirá a las prácticas de fractura hidráulica convencionales que consumen grandes volúmenes de agua y emplean aditivos químicos; en cambio, plantean estudiar alternativas menos agresivas y el uso de fuentes de agua no potables.
Organizaciones ambientalistas y colectivos que se oponen al fracking han cuestionado el anuncio y advirtieron que el comité podría convertirse en una simulación para legitimar una decisión ya tomada. También señalan riesgos para el agua, la salud y las comunidades locales si se reintroduce la técnica.
Tras la entrega del informe del comité, el gobierno deberá definir si adopta cambios normativos o permite contratos mixtos para la explotación del gas no convencional. El tema promete convertirse en uno de los principales focos de debate público y legislativo en las próximas semanas.
