El gobierno de Estados Unidos anunció una modificación en la interpretación regulatoria de la Ley de Especies en Peligro que elimina la protección implícita contra la modificación o degradación significativa de hábitats. Con ello, actividades como la tala, la minería o algunos proyectos de desarrollo podrían quedar fuera del alcance de la prohibición de “dañar” a especies protegidas.
La definición afectada, vigente en la práctica desde hace décadas, incluía tanto el daño directo a individuos como la alteración del hábitat que impide procesos esenciales para la supervivencia de las especies, como la reproducción o la alimentación. Al restringir esa interpretación, la norma limita la posibilidad de considerar la destrucción de ecosistemas como una forma de “daño” sancionable.
Organizaciones conservacionistas y especialistas en derecho ambiental han advertido que la medida reduce una herramienta central de la Ley de Especies en Peligro y podría acelerar la pérdida de hábitats críticos. Diversos grupos han anunciado recursos legales y críticas públicas, señalando que la decisión puede dejar sin protección áreas que son fundamentales para la recuperación de especies amenazadas.
El cambio se enmarca en una secuencia de ajustes regulatorios iniciados entre 2019 y 2020, y que en años recientes han vuelto a ser objeto de propuestas y contramovimientos por parte de las autoridades. Los expertos señalan que esta modificación implica también un cambio en cómo se designa el hábitat crítico y en la evaluación de los impactos ambientales de proyectos.
El futuro de la medida dependerá de recursos judiciales y de posibles acciones administrativas para revertir o matizar la definición. Mientras tanto, conservacionistas y agencias locales intensificarán la vigilancia sobre proyectos que puedan afectar zonas sensibles para especies en riesgo.
