La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este miércoles 21 de octubre de 2026 a la Corte Suprema autorizar la reanudación de la construcción de un muro fronterizo y otras infraestructuras de seguridad en la región de Big Bend, Texas, incluida parte del parque nacional del mismo nombre.
El Departamento de Justicia presentó una solicitud de emergencia para que los magistrados levanten la orden emitida por una jueza federal que bloqueó temporalmente las obras mientras continúa una demanda promovida por organizaciones conservacionistas y otros opositores al proyecto.
El proyecto incluye muro, carretera y tecnología de vigilancia
El plan fronterizo, con un costo estimado de mil 700 millones de dólares, contempla una barrera física, una carretera, cámaras, sensores y barreras para vehículos. Las obras abarcan un tramo de aproximadamente 800 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México.
En su petición, el Gobierno estadounidense argumentó que la orden judicial representa un obstáculo para su responsabilidad de proteger la frontera ante cruces irregulares y posibles incursiones relacionadas con el tráfico de drogas. También sostuvo que la legislación federal le concede facultades amplias para construir barreras y caminos en zonas fronterizas.
Jueza bloqueó las obras a comienzos de octubre
El 2 de octubre de 2026, una jueza federal ordenó detener temporalmente la construcción de barreras y otras actividades que impliquen alterar el terreno en la región de Big Bend. La resolución permanecerá vigente mientras avanza el litigio sobre la legalidad de las obras y de las exenciones regulatorias utilizadas para acelerar el proyecto.
Las organizaciones demandantes sostienen que la Administración Trump violó la Constitución al eximir el proyecto del cumplimiento de numerosas leyes, principalmente ambientales. A principios de 2026, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó que esas normas no tenían que aplicarse debido a una supuesta necesidad urgente de acelerar la construcción para combatir la migración irregular y el narcotráfico.
Preocupación por el impacto ambiental
El parque nacional Big Bend cuenta con más de 324 mil hectáreas de áreas protegidas a lo largo de la frontera con México. El territorio alberga especies amenazadas, sitios arqueológicos y paisajes considerados emblemáticos del oeste de Texas.
Rancheros, residentes, empresarios y grupos ambientalistas han cuestionado el proyecto por sus posibles efectos sobre el paisaje y los ecosistemas de la zona. También han señalado que Big Bend es una región remota y de difícil acceso, donde históricamente se ha registrado un menor flujo de cruces irregulares que en otros sectores de la frontera.
La solicitud ante la Corte Suprema abre una nueva etapa en la disputa legal. Los magistrados deberán decidir si permiten que las obras continúen mientras los tribunales inferiores resuelven los argumentos constitucionales, ambientales y administrativos planteados por las partes.