El gobierno de Jalisco presentó a mediados de julio de 2026 un Plan Estratégico de Gestión Integral del Agua para el Área Metropolitana de Guadalajara con 32 acciones y una estimación de inversión de más de 42,000 millones de pesos entre 2026 y 2030. La propuesta llega en medio de críticas por la calidad del agua que distribuye el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), luego de que monitoreos comunitarios y reportes independientes detectaran deficiencias en la potabilización y presencia de contaminantes.
Según los resultados de muestreos realizados entre marzo y junio de 2026 en colonias de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco, hay registros de ausencia de cloro residual en la mayoría de las muestras, indicios de Escherichia coli y la presencia de metales como plomo y mercurio en puntos puntuales. Las organizaciones que presentaron los hallazgos calificaron la situación como una emergencia sanitaria y exigieron intervención federal y estatal.
Expertos consultados señalaron que el documento entregado al Congreso estatal presenta vacíos técnicos y metodológicos que dificultan considerarlo un programa operativo. Arturo Gleason, investigador vinculado al estudio de sistemas hídricos, advirtió que el diagnóstico y las bases técnicas carecen de la profundidad necesaria para priorizar intervenciones y garantizar la recuperación ambiental a largo plazo.
Las críticas se suman a los datos oficiales y a acciones de fiscalización: instancias federales como Profepa y Conagua han impulsado mesas de trabajo y revisiones para fortalecer la prevención, el monitoreo y la vigilancia de descargas industriales en el río Santiago, principal afluente afectado que corre hacia la Zona Metropolitana de Guadalajara.
El plan estatal incluye 32 acciones orientadas al saneamiento, la potabilización y la modernización de infraestructura. El gobierno estima que la ejecución entre 2026 y 2030 requerirá cerca de 42,217 millones de pesos. No obstante, especialistas y colectivos han cuestionado la ausencia de inventarios homogéneos sobre la condición de activos, la fragmentación de registros operativos y la falta de balances entre capacidad nominal y disponible.
Ante las denuncias ciudadanas por agua con color y olor anómalos durante las primeras semanas de 2026, la Secretaría de Salud de Jalisco declaró que, en su evaluación, no existe una condición epidemiológica que amerite una alerta sanitaria generalizada; sin embargo, organizaciones sociales y académicas piden monitoreo oficial, público y por colonia, así como auditorías técnicas al SIAPA y comparecencias de autoridades.
La problemática tiene raíces históricas: el crecimiento urbano, la sobreexplotación de acuíferos y descargas insuficientemente tratadas al río Santiago se han acumulado durante décadas. Activistas y académicos advierten que, más allá de la inversión anunciada, será necesario consolidar información técnica, fijar plazos concretos y garantizar transparencia en la ejecución para evitar soluciones fragmentadas.
Organizaciones civiles han solicitado la creación de una mesa permanente de seguimiento con participación de sociedad civil, academia y autoridades de los tres órdenes de gobierno. Mientras tanto, las inspecciones federales y las solicitudes de mayor transparencia permanecerán en el centro del debate sobre la calidad del agua en la metrópoli.
