Cientos de habitantes de 17 comunidades de la zona noroeste de Cintalapa, Chiapas, marcharon el miércoles 2 de septiembre de 2026 para exigir respeto a sus derechos agrarios y rechazar las amenazas de desalojo que atribuyen a comuneros de localidades de Los Chimalapas, Oaxaca.
La movilización fue encabezada por integrantes del Consejo Regional de la Zona Noroeste de Cintalapa, quienes recorrieron el tramo del parque Bicentenario a la plaza central de la cabecera municipal. Frente a la alcaldía, los participantes leyeron un documento con sus demandas.
Reclaman seguridad para sus comunidades
Los manifestantes sostuvieron que sus poblados enfrentan un escenario de incertidumbre por la disputa territorial y agraria entre comunidades de Chiapas y Oaxaca. Afirmaron que las acusaciones de encontrarse en tierras comunales de Los Chimalapas han derivado, según su postura, en amenazas, intentos de desalojo y hechos violentos registrados en el pasado.
También señalaron que han solicitado apoyo ante tribunales federales y distintas autoridades, pero consideraron que sus demandas no han recibido una respuesta suficiente. Entre sus peticiones se encuentran garantías para la seguridad en la tenencia de la tierra y atención a las necesidades de infraestructura de las comunidades.
El antecedente de la resolución de 2021
La protesta se desarrolla en el contexto de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2021, mediante la cual se determinó que los pueblos de Los Chimalapas forman parte de Oaxaca y no de Chiapas. Los pobladores de Cintalapa sostienen que, pese a contar con resoluciones agrarias favorables, sus derechos de posesión continúan bajo presión.
Durante la marcha, las comunidades utilizaron mantas y pancartas para expresar su rechazo a cualquier desalojo. Asimismo, denunciaron que el conflicto ha afectado la prestación de servicios y la tranquilidad de las familias asentadas en la zona limítrofe.
Los habitantes pidieron la intervención de las autoridades para evitar nuevos enfrentamientos y encauzar la disputa por la vía institucional. Mientras persistan las diferencias sobre la propiedad y posesión de las tierras, las comunidades de la región permanecerán a la espera de una solución agraria y política que otorgue certeza a las partes.