Autoridades agrarias y pobladores de San Pedro Chicozapotes, en el municipio de San Juan Bautista Cuicatlán, denunciaron la extracción masiva de arena y grava del río Grande, una actividad que —aseguran— se realiza de forma persistente desde al menos 2017 y ha generado daños visibles al cauce y la ribera.
Los lugareños relataron que el retiro de material ha dejado raíces expuestas, tala de árboles ribereños y una fuerte reducción en el caudal que afecta la vegetación endémica vinculada a la Reserva de la Biosfera Tehuacán‑Cuicatlán, lo que, advierten, pone en riesgo la sustentabilidad de las comunidades mazatecas de la región.
La comunidad atribuye la explotación a personas con antecedentes políticos y empresariales en la zona; además, señalaron que se interpusieron denuncias ante instancias federales en años anteriores y que, según su versión, muchas de esas investigaciones fueron archivadas o no prosperaron.
Según las denuncias locales, la extracción se ha realizado con concesiones registradas en la región, y también de manera irregular en tramos donde, afirman, ya no existen permisos vigentes. Pobladores y representantes ejidales manifiestan temor por represalias; relatan incidentes de amedrentamiento y denuncian que, durante protestas, se han registrado acciones intimidatorias como incendios forestales.
Organizaciones comunitarias y vecinos han retomado movilizaciones para exigir la intervención de autoridades ambientales y agrarias; demandan verificaciones de volúmenes extraídos, suspensión de aprovechamientos sin permiso y medidas de restauración para evitar daños mayores a la Reserva de la Biosfera y al suministro hídrico local.
Las consecuencias señaladas incluyen pérdida de biodiversidad ribereña, erosión de las márgenes y afectaciones a vías de comunicación y caminos tradicionales. Los habitantes piden protección para quienes participan en la defensa del río y seguimiento efectivo de las denuncias presentadas ante las autoridades competentes.
