El 20 de mayo de 2026, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, permanece en la entidad y que su escolta está integrada por la policía estatal, sin intervención de autoridades federales.
La afirmación se hizo durante una conferencia de prensa en la que Harfuch detalló operativos recientes y señaló que, aunque el gobierno federal mantiene esfuerzos contra el crimen organizado, hay casos de servidores públicos coludidos con bandas delictivas.
La declaración ocurre en un contexto en el que autoridades en Estados Unidos han solicitado la detención provisional con fines de extradición contra Rocha Moya, y donde las instituciones financieras mexicanas han realizado acciones preventivas sobre cuentas vinculadas al exgobernador y otros señalados.
Según lo informado por la federación, la asignación de protección a Rocha Moya respondió a una evaluación de riesgo; el resguardo operativo —según Harfuch— corre a cargo de corporaciones estatales y no de la Guardia Nacional o de la Secretaría de Seguridad pública federal.
La situación se mantiene bajo seguimiento por parte de las autoridades federales y estatales, y seguirá siendo objeto de investigaciones y medidas administrativas conforme avance el proceso.
