En la segunda quincena de abril de 2026, la agencia federal encargada de la gestión de inmigración en Estados Unidos adjudicó un contrato a una empresa privada para apoyar la localización y verificación del bienestar de menores migrantes no acompañados que fueron liberados en comunidades tras su ingreso al país.
El contrato, planteado como parte de una iniciativa para realizar “chequeos de seguridad y bienestar” (wellness checks) sobre chicos que quedaron bajo la custodia de terceros mientras avanzan sus procesos migratorios, amplía las labores de rastreo y verificación fuera de las dependencias federales. La justificación administrativa para la adjudicación aparece como un acto de urgencia y se presenta como una modificación a un contrato ya existente.
Organismos y defensores de migrantes han advertido que ese tipo de revisiones, presentadas oficialmente como medidas de protección, pueden convertirse en herramientas para identificar a menores o a sus patrocinadores con fines de detención o procesos de deportación. En ejercicios similares previos, defensores documentaron detenciones derivadas de visitas que comenzaron como chequeos de bienestar.
La empresa contratada tiene un historial de controversias en sus servicios de transporte y custodia de personas migrantes, incluida al menos una demanda federal que contiene alegatos de trato cruel y desaparición forzada vinculados a contrataciones antiguas. Autoridades federales han defendido el uso de contratistas bajo el argumento de que no poseen autoridad de ejecución migratoria y que la prioridad es la protección de menores frente a abuso o explotación.
El caso abre un nuevo debate sobre el papel de contratistas privados en labores que involucran a población infantil vulnerable, la transparencia en los procesos de adjudicación y los mecanismos de rendición de cuentas. La medida continuará bajo revisión conforme avancen investigaciones y acciones legales relacionadas con las prácticas pasadas de la empresa contratada.
