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ICE detiene en McAllen a pareja de pastores mexicanos; organizaciones denuncian que fueron obligados a firmar salida voluntaria

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El 23 de julio de 2026, el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo en McAllen, Texas, a Nepthalí Zozaya Saucedo y a su esposa, Cinthia Saraí Cardona Otero, mientras se dirigían desde el aeropuerto a un retiro pastoral, según organizaciones religiosas que denunciaron el caso.

Las agrupaciones sostienen que los agentes migratorios obligaron a la pareja a firmar documentos de salida voluntaria bajo la amenaza de separar a los padres de sus tres hijos, quienes son ciudadanos estadunidenses. La base de datos de ICE indica que ambos permanecen bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Líderes de la Red Nacional Latino Cristiana (LCNN) y responsables de la comunidad religiosa donde sirven los pastores —Comunidad Cristiana Emanuel, afiliada a las Asambleas de Dios— exigieron la liberación y pidieron que se respete el debido proceso. En conferencias de prensa y comunicados, dirigentes afirmaron que la pareja cuenta con visas religiosas R‑1 y describieron la detención como "traumática" para la familia y la congregación.

Los reportes indican que la detención ocurrió cuando los pastores viajaban a un retiro organizado por la Asociación Evangelista Billy Graham. Sus colegas iniciaron una campaña para recaudar firmas y presionar por su liberación, mientras líderes eclesiásticos solicitaron mayor compasión en el trato migratorio.

Fuentes que cubren el caso señalaron que no se ha informado públicamente de cargos criminales específicos contra la pareja en los reportes revisados. Tampoco se encontró una declaración pública de ICE en los medios consultados al cierre de estos informes.

El episodio se produce en un contexto de mayor activismo en las políticas migratorias y un repunte en las detenciones de la frontera durante los últimos meses. Organizaciones y pastores han expresado su preocupación por acciones migratorias que ahora, según denuncias, alcanzan incluso a templos o a actividades religiosas.

Qué sigue: las organizaciones que apoyan a la familia dijeron que darán seguimiento legal y mediático al caso y que buscan la intervención de autoridades eclesiásticas y legítimas instancias que garanticen el acceso al debido proceso para la pareja.