La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y la editorial eclesiástica Desde la Fe hicieron un llamado público a defender la vida y mantuvieron su advertencia sobre proyectos de sentencias y propuestas legales que, a su juicio, buscan ampliar criterios para el acceso a la interrupción legal del embarazo.
El pronunciamiento —publicado a finales de mayo de 2026— acusa que algunas iniciativas judiciales y legislativas ponen en riesgo la dignidad humana y el papel de la familia, y pide una vigilancia permanente por parte de autoridades y ciudadanos.
Los obispos afirmaron que la respuesta social no debe limitarse a posturas ideológicas: insistieron en la necesidad de construir redes de apoyo que protejan tanto a la mujer como al niño, y promovieron soluciones que eviten la “cultura del descarte” denunciada por el pontificado.
La Iglesia también convocó a la sociedad a fortalecer la familia, priorizar el acompañamiento y la atención médica a personas gestantes en condiciones vulnerables, y reprobó lo que calificó como normalización de la eliminación de vidas inocentes.
La posición fue recogida por medios nacionales e internacionales que cubrieron el pronunciamiento del episcopado y las movilizaciones pro-vida organizadas en meses recientes.
