El Instituto Nacional Electoral (INE) acumula 15 renuncias de personal de confianza vinculado con la gestión de Guadalupe Taddei, luego de que Blanca Cruz García asumiera el 28 de octubre de 2026 como presidenta provisional del organismo. Las salidas ocurrieron durante el primer día de la nueva presidencia y podrían aumentar en los próximos días.
Cruz García informó que las 10 consejerías en activo revisarán todos los perfiles directivos del instituto, incluidos quienes integran la Junta General Ejecutiva, las unidades técnicas y las coordinaciones. Entre los cargos que serán evaluados se encuentra la Secretaría Ejecutiva, actualmente encabezada por Roberto Félix.
La revisión se realiza en el contexto de los señalamientos sobre posibles irregularidades en contratos y proveedores relacionados con la administración de Taddei. La nueva presidencia provisional también analiza si corresponde dar vista al Órgano Interno de Control o a la Auditoría Superior de la Federación para que esas instancias determinen si existen responsabilidades.
La presidenta provisional precisó que el Consejo General no tiene facultades para iniciar directamente una investigación sobre la gestión anterior. Sin embargo, puede entregar información preventiva a las autoridades fiscalizadoras cuando detecte situaciones que ameriten una revisión formal.
De las 15 renuncias, tres corresponden a titulares y funcionarios de áreas técnicas y administrativas del instituto. Las otras 12 fueron presentadas la noche del martes y notificadas después de la sesión en la que Cruz García rindió protesta como presidenta provisional.
La designación de Cruz García ocurrió después de la renuncia de Taddei y tiene como objetivo mantener la operación del INE durante la organización del Proceso Electoral Federal 2026-2027. La presidencia provisional garantizó que el Órgano Interno de Control contará con autonomía para ejercer sus atribuciones y coordinarse con la Auditoría Superior de la Federación.
Mientras continúa la revisión de expedientes y puestos directivos, el Consejo General deberá definir las medidas institucionales para atender las posibles irregularidades y asegurar la continuidad de las actividades electorales.