Al cierre de 2025, 280 niñas y niños menores de seis años permanecían con sus madres privadas de la libertad en centros penitenciarios de México, de acuerdo con datos del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Federal y Estatales. Del total, 145 eran niñas y 135 niños.
El registro también identificó a 146 mujeres embarazadas y 149 en periodo de lactancia dentro de los penales, una situación que demanda servicios especializados para la atención materno-infantil y el desarrollo de las infancias.
Ante este panorama, el senador Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a las autoridades federales y estatales a garantizar condiciones mínimas de infraestructura en los centros penitenciarios que albergan a mujeres con bebés y niñas o niños pequeños.
Déficit de infraestructura materno-infantil
De los 184 centros penitenciarios para mujeres o mixtos considerados en el reporte, 39.1 por ciento cuenta con espacios para la maternidad, como salas de parto y áreas de lactancia. Esto significa que cerca de seis de cada 10 instalaciones carecen de este tipo de infraestructura.
Además, 36.4 por ciento de los centros dispone de espacios para el alojamiento o pernocta conjunta de las niñas y los niños con sus madres, mientras que 33.7 por ciento cuenta con áreas destinadas a la educación integral y formativa de los menores.
Castañeda señaló que las políticas penitenciarias deben considerar las necesidades diferenciadas de las mujeres relacionadas con el embarazo, la lactancia, los cuidados infantiles y la salud reproductiva, en lugar de mantener un diseño centrado principalmente en la población masculina.
Derechos reconocidos por la ley
La Ley Nacional de Ejecución Penal reconoce que las mujeres privadas de la libertad tienen derecho a ejercer la maternidad y la lactancia, conservar la guardia y custodia de sus hijas o hijos menores de tres años y recibir alimentación adecuada para ellos.
La legislación también contempla educación inicial, vestimenta acorde con la edad, atención pediátrica, instalaciones adecuadas y los artículos necesarios para que las niñas y los niños permanezcan en condiciones dignas y seguras.
La propuesta presentada ante el Senado plantea que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y los sistemas penitenciarios estatales fortalezcan estos servicios dentro de las cárceles.
Entre las medidas solicitadas se encuentran la habilitación de salas de parto, áreas de lactancia, espacios de pernocta conjunta entre madres e hijos, centros de desarrollo infantil y atención pediátrica.