Los informes de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), publicado en 2016, y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentado en 2023, documentaron señalamientos sobre la actuación de autoridades estatales durante el caso Ayotzinapa, ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, cuando desaparecieron 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Una revisión de ambos documentos expone que la administración encabezada por Ángel Aguirre Rivero tuvo conocimiento de información relacionada con los hechos y que se registraron omisiones, retrasos en el procesamiento de escenas y cuestionamientos por el manejo de evidencias. Los reportes también incluyen referencias a posibles vínculos entre autoridades locales y grupos delictivos, sin que ello equivalga por sí mismo a una sentencia judicial contra el exgobernador.
Lo que reportó la investigación de la PGR
El documento denominado Informe del caso Iguala, publicado por la PGR el 8 de junio de 2016, reunió las acciones ministeriales, diligencias de búsqueda y medidas de atención a víctimas realizadas entre el 4 de octubre de 2014 y el 30 de abril de 2016.
Aunque el nombre de Ángel Aguirre o Ángel Heladio Aguirre Rivero no aparece de manera textual en las páginas del reporte, el documento utiliza expresiones como “autoridades estatales” y “gobierno de Guerrero”. La omisión del nombre fue atribuida al respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y la protección de datos personales.
De acuerdo con la revisión difundida, el expediente registra que desde el gobierno estatal se ordenaron movilizaciones policiales y que existieron retrasos para procesar escenas relacionadas con los ataques contra los estudiantes.
Las conclusiones del GIEI
El informe del GIEI presentado en 2023 sostuvo que autoridades estatales, incluidos servicios de información y de combate al narcotráfico, conocieron en tiempo real la llegada de los estudiantes a las inmediaciones de Iguala y su intención de tomar autobuses para trasladarse a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México.
El grupo de expertos también señaló que autoridades estatales y federales tenían conocimiento previo de la presunta colusión entre policías municipales de Iguala y otras localidades cercanas con integrantes de la delincuencia organizada.
Además, los informes relacionados con el caso han documentado acusaciones de ocultamiento o manipulación de información, uso excesivo de la fuerza y posibles actos de obstrucción de la investigación. Estos señalamientos forman parte de líneas de investigación y deben distinguirse de una determinación judicial definitiva.
La exigencia de las familias
Las familias de los 43 estudiantes han señalado de manera reiterada a autoridades de distintos niveles por su actuación antes, durante y después de los hechos de Iguala. En 2017, Ángel Aguirre fue increpado durante un acto público con gritos de “¡asesino!”, en medio de las protestas y reclamos de los familiares.
Los informes de 2016 y 2023 mantienen abierta la discusión sobre el grado de conocimiento y responsabilidad de las autoridades estatales en la desaparición de los normalistas, así como sobre las omisiones que afectaron el esclarecimiento del caso. La responsabilidad penal individual corresponde determinarla a las autoridades judiciales mediante el debido proceso.