La iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, presentada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, contempla una excepción para que los propietarios soliciten aumentos de renta por encima de la inflación cuando acrediten mejoras sustantivas en el inmueble.
La propuesta establece que la autorización deberá solicitarse ante la Defensoría de las Relaciones Inquilinarias, organismo que se plantea crear como una unidad administrativa adscrita a la Procuraduría Social de la capital.
El artículo 17 de la iniciativa reconoce entre los derechos de los arrendadores la posibilidad de pedir autorización para establecer un precio de renta superior al aumento permitido por la ley. Para ello, deberán demostrar que realizaron mejoras sustantivas en la vivienda.
En los artículos 18 y 19 se propone que el incremento anual de la renta no supere la inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía durante el año inmediato anterior, incluso cuando cambie la persona arrendataria.
La iniciativa también plantea sanciones para quienes establezcan aumentos fuera de los límites previstos sin cumplir con el procedimiento correspondiente. Las multas propuestas van de 100 a 400 veces la Unidad de Medida y Actualización, cuyo máximo equivaldría actualmente a 46 mil 924 pesos.
Además, el proyecto reconoce el derecho de los propietarios a recibir el pago de la renta en la forma y los plazos convenidos, así como a ser informados sobre cualquier circunstancia que afecte el uso del inmueble.
La propuesta fue entregada al Congreso de la Ciudad de México para su análisis. El proceso legislativo contempla la revisión de las disposiciones sobre los aumentos, la defensoría y las obligaciones tanto de arrendadores como de inquilinos.