Activistas mexicanos que participaron en la Flotilla Global Sumud denunciaron haber sufrido torturas, golpes, uso de pistolas Taser y abusos sexuales mientras permanecieron bajo custodia de fuerzas israelíes, según relataron a su llegada a México el 22 de mayo de 2026.
Los integrantes exigieron atención médica especializada y pidieron al gobierno federal medidas concretas, entre ellas la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, así como la presentación de denuncias ante instancias internacionales para investigar los hechos.
El Gobierno de México informó que mantiene seguimiento puntual de los connacionales detenidos y ha realizado gestiones consulares durante el proceso de detención y repatriación. Por su parte, la organización responsable de la misión y abogados de los activistas anunciaron que valorarían acudir ante el Comité contra la Tortura de la ONU y otras instancias internacionales.
Testimonios de los retornados describen condiciones de rehén, palizas, privación de agua y alimento, confinamiento en espacios reducidos y vejaciones con equipo de inmovilización eléctrica. Las denuncias han generado movilizaciones y llamados de organizaciones civiles para que las autoridades mexicanas garantizen atención médica y legal a los afectados.
Las familias y colectivos que acompañan a las víctimas han pedido transparencia en las gestiones diplomáticas y exigen que el Estado documente las agresiones para las acciones legales que correspondan.
