Un operativo realizado entre el 17 y el 19 de abril de 2026 en la Sierra Tarahumara concluyó con el desmantelamiento de un laboratorio clandestino y un accidente carretero la madrugada del 19 de abril que dejó, según informes oficiales y reportes periodísticos, la muerte de dos ciudadanos estadunidenses y dos integrantes de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua.
La presencia de ciudadanos extranjeros en el convoy —identificados por algunos medios como presuntos agentes de Estados Unidos— provocó una investigación tanto a nivel estatal como federal. Autoridades federales han señalado que no existía, hasta la fecha, un registro público de autorización para la participación de agentes extranjeros en operativos en territorio nacional, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de Chihuahua ampliaron las indagatorias.
La gobernadora de Chihuahua negó haber autorizado la presencia de agentes estadounidenses y defendió la legalidad del operativo, mientras que el gobierno federal elevó la preocupación por el posible ingreso de personal extranjero en misiones operativas dentro de México. En concreto, se han solicitado declaraciones y se han citado a decenas de servidores públicos para esclarecer responsabilidades y la dinámica del despliegue.
El caso abrió además un eje diplomático y político: autoridades federales revisaron la coordinación con socios internacionales y se ordenaron comprobaciones sobre protocolos de cooperación, mientras que actores políticos de distintas filiaciones reclamaron aclaraciones y, en algunos casos, exigieron sanciones si se confirman irregularidades que vulneren la ley o la soberanía.
La investigación sigue en curso. Las autoridades han informado avances parciales en el procesamiento de evidencia y en la identificación de participantes, y no se ha emitido aún una conclusión final publicada que aclare totalmente las responsabilidades administrativas o penales asociadas al operativo y al siniestro del 19 de abril de 2026.
