Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), entre ellos la investigadora emérita Noemí Castillo Tejero y el arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer, denunciaron el 17 de marzo de 2026 que vestigios localizados en los tramos vinculados al Tren Maya fueron desmontados y reubicados en parques como Báalam Tun (Chetumal) y K’awill (Xpuhil), lo que calificaron como una alteración grave del patrimonio arqueológico.
Las y los especialistas dijeron que las piezas fueron separadas de su contexto original —procedimiento que consideran inadecuado— y luego integradas a conjuntos expositivos en los llamados “Parques de la Memoria”. Señalaron que hasta el momento no han visto informes técnicos públicos que justifiquen esos traslados y pidieron transparencia sobre los proyectos de salvamento arqueológico realizados en la ruta del tren.
En respuesta, el responsable del salvamento arqueológico del Tren Maya, Manuel Pérez Rivas, ha defendido las labores señalando que se registraron decenas de miles de monumentos y que muchos fueron protegidos o preservados; sin embargo, los investigadores acusan que ciertos montajes implicaron la pérdida de contexto y la fragmentación de estructuras.
Los denunciantes solicitaron un diálogo público con las autoridades y responsables señalados, incluyendo al director del salvamento, a la presidencia del Consejo de Arqueología y a la dirección del INAH, para que se expliquen las decisiones técnicas y se muestren los documentos y proyectos de salvamento que, dicen, deberían ser públicos.
La controversia se presentó durante mesas académicas y comunicados firmados por especialistas del ámbito arqueológico. Instituciones y medios han publicado tanto las acusaciones como las réplicas institucionales, lo que ha abierto un debate académico y público sobre los límites entre el salvamento arqueológico en obras de infraestructura y la conservación in situ del patrimonio.
Los investigadores advirtieron que, de confirmarse prácticas sistemáticas de desmontaje y reubicación sin sustento técnico, ello podría constituir una afectación relevante al patrimonio cultural. Pidieron además que los procesos y criterios aplicados sean revisados por comités independientes y puestos a disposición de la comunidad académica y del público en general.
