Un informe publicado este miércoles 16 de septiembre de 2026 acusa a las autoridades iraníes de cometer crímenes de lesa humanidad durante la represión de las protestas del movimiento Mujer, Vida, Libertad, iniciadas en septiembre de 2022 tras la muerte bajo custodia de Zhina Mahsa Amini.
El documento sostiene que la respuesta estatal incluyó asesinatos, tortura, violación, desaparición forzada, encarcelamiento y persecución por motivos políticos, de género, étnicos y religiosos. Además, identifica a 87 funcionarios nacionales y regionales como posibles responsables dentro de la cadena de mando.
La investigación señala que las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y la Policía de Irán encabezaron los operativos para dispersar las manifestaciones. Según el informe, estas acciones respondieron a una política coordinada desde organismos de seguridad nacionales, provinciales y locales.
El levantamiento comenzó el 16 de septiembre de 2022, después de que Amini, una joven kurda de 22 años, muriera bajo custodia tras ser detenida por la policía de la moral por presuntamente incumplir las normas obligatorias sobre el uso del velo.
El reporte documenta la muerte de 377 manifestantes y testigos presenciales, entre ellos 56 menores. De ese total, al menos 326 personas habrían sido abatidas por las fuerzas de seguridad, algunas con armas de fuego y escopetas cargadas con perdigones metálicos.
Entre los casos registrados se encuentra el de Minoo Majidi, una mujer de 62 años que murió tras recibir impactos de perdigones durante una marcha en Kermanshah, en el oeste de Irán, en septiembre de 2022.
El informe pide establecer un mecanismo internacional de justicia penal para investigar y procesar a los principales responsables. También advierte que varios de los funcionarios señalados continúan vinculados con la estructura estatal de represión.
La denuncia llega cuando se cumple el cuarto aniversario del inicio del movimiento Mujer, Vida, Libertad y después de nuevas protestas registradas en Irán durante enero de 2026. El documento sostiene que la falta de rendición de cuentas por los hechos de 2022 contribuyó a que continuaran las violaciones graves contra manifestantes.